- Por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos, donde 100 sería la mejor calificación posible y cero la peor.
Berlín/Ciudad de México, 31 de enero de 2023.- Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.
Por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos. La escala del índice va de cero, la peor calificación, a 100, la mejor calificación posible. Con 31 puntos, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos.
Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.
Análisis de los resultados de México en el IPC 2022:
Los resultados de México en este índice en 2019 y 2020, ilustraban una tendencia positiva para este país en materia de control efectivo de la corrupción. Sin embargo, la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o
la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en PEMEX o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.
Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados. Cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.
