- Presión social hizo que el caso fuera investigado con inmediatez; cámaras privadas fueron clave para resolver el crimen de Rosy.
Oaxaca de Juárez, Oax., 16 enero de 2026.- La rápida resolución del feminicidio de la comerciante Rosa María, ocurrido en la ciudad de Oaxaca, abrió un debate incómodo sobre el funcionamiento real de los mecanismos de investigación criminal en la entidad y el papel que desempeña la Fiscalía General del Estado más allá de los discursos oficiales.
En apenas 36 horas, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla anunció la detención de Omar L. C. en la región de la Costa, destacando el uso de herramientas técnicas y científicas para lograr su localización. Sin embargo, información recabada durante el proceso revela que una parte sustancial de la investigación descansó en infraestructura ajena a la propia institución.
Para reconstruir la ruta de huida del presunto responsable, personal ministerial tuvo que recurrir a más de 30 cámaras de videovigilancia pertenecientes a comercios y domicilios particulares del Centro Histórico, ante la limitada cobertura y operatividad de los sistemas institucionales disponibles en la zona.
Este hecho exhibe una brecha entre la narrativa pública de modernización tecnológica de la Fiscalía y las condiciones reales bajo las cuales operan sus investigaciones cotidianas, especialmente en áreas de alta concentración comercial.
De acuerdo con fuentes consultadas, en el establecimiento donde laboraba la víctima no existía ningún sistema de videovigilancia, lo que permitió que el agresor permaneciera en las inmediaciones del negocio durante días sin ser advertido por mecanismos preventivos o de seguimiento institucional.
A ello se suma que Omar L. C. contaba con antecedentes por robo y hechos violentos en Santo Domingo Tehuantepec, Istmo de Tehuantepec, con carpetas de investigación abiertas que no derivaron en medidas de control o vigilancia por parte de la autoridad ministerial.
Especialistas en seguridad consultados advierten que este tipo de omisiones refleja una política de persecución del delito centrada en la reacción posterior a los hechos, más que en tareas sistemáticas de análisis de riesgo, monitoreo de reincidencia y prevención.
El manejo mediático del caso por parte del fiscal también generó cuestionamientos, luego de que su comparecencia pública incluyera errores de comunicación que fueron ampliamente difundidos en redes sociales y terminaron por opacar el mensaje institucional que se pretendía posicionar.
Así, aunque la detención del presunto responsable representa un avance relevante para el acceso a la justicia de la víctima y su familia, el caso deja al descubierto áreas críticas dentro de la Fiscalía General del Estado: dependencia de recursos externos, fallas en el seguimiento de perfiles delictivos y una estrategia de comunicación que, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, terminó por debilitarla.
