- Organiza OGAIPO y Fundación Friedrich Ebert la Jornada «Acceso a la Información Ambiental»
Oaxaca de Juárez, Oax.- El Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) y la Fundación Friedrich Ebert (conocida como FES por sus siglas en alemán, Friedrich Ebert Stiftung) organizaron la Jornada “Acceso a la Información Ambiental”, con el objetivo de sensibilizar a los distintos Sujetos obligados de Oaxaca sobre el Acuerdo de Escazús, los derechos de acceso y la importancia de su aplicación en las actividades laborales diarias.
Al inaugurar la jornada, el comisionado Presidente del OGAIPO, Josué Solana Salmorán, agradeció el acompañamiento de las y los servidores públicos de las Unidades de Transparencia de los distintos Sujetos obligados que acudieron a la Jornada.
El presidente del OGAIPO dijo que, tratar el tema del medio ambiente a través de este acuerdo, implica implementar herramientas jurídicas con las que se protegen a activistas y luchadores sociales, recalcó que, lo fundamental es el acceso a la información y que de esta forma se garantiza.
Solana Salmorán, también mencionó que para el OGAIPO es de suma importancia atender estos temas trascendentes para la vida social ambiental y para el tema de la salud pública.
Astrid Becker, Directora del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert, agradeció al OGAIPO por la realización de la Jornada. Mencionó que la FES apoya diálogos relevantes sobre temas políticos económicos desde hace 50 años, concretó que el proyecto Regional Transformación Social-Ecológica existe desde hace 10 años en apoyo al debate de la defensa del medio ambiente, al cambio climático.
La primera actividad que se desarrolló fue el Panel denominado “El Acuerdo de Escazú y los Esfuerzos de Acceso a la Información Ambiental en Oaxaca”. Con participación de Karime Unda Harp, Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca quien abordó la problemática del cambio en los usos de suelo agravados por la tala ilegal y la expansión de monocultivos de agave, destacó el Acuerdo de Escazú como mecanismo para proteger a personas defensoras de los territorios por su esencial labor.
Por su parte, Liz Hernández Matus, diputada local del Honorable Congreso del Estado, expresó que asumir los retos de la ebullición global implica que “la información ambiental debe ser considerada de interés colectivo y para el dominio público”, además debe ser actualizada y estar disponible desde un enfoque igualitario y sin distinción ni condicionamiento.
En su turno, Tomás Severino, integrante de Cultura Ecológica, explicó que al ser un tratado vinculante, se puede exigir el cumplimiento del Acuerdo de Escazú al Estado Mexicano. También destaca que el derecho de acceso a la información «busca romper desigualdades y acotar las brechas”.
Mientras que Olimpia Castillo, integrante de Comunicación y Educación Ambiental, compartió que a partir de las desigualdades que enfrentan las mujeres, sobrecarga por labores en materia de cuidados y siendo pilares en la defensa de territorios, llamó a garantizar su participación en la toma de decisiones a través de su debido acceso a la información.
María Fernanda Hernández, integrante de Litigio Estratégico Indígena A.C., compartió las iniciativas para proteger la esfera jurídica de un medio ambiente sano a través del concepto del Entorno Adyacente y los daños irreparables por la degradación de ecosistemas.
Juan Carlos Carrillo, integrante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, compartió los fundamentos del derecho en los que versa el Acuerdo de Escazú destacando el caso de Laguna de Carpinteros, en Tamaulipas, que se atendió desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde los principios de precaución y reversión de la carga de la prueba.
Posteriormente se realizó el Taller introductorio sobre el Acuerdo de Escazú y los desafíos para su implementación, dirigido a sujetos obligados del ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos con el objetivo particular de compartir cuáles son las dificultades que tienen los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información ambiental, y cómo puede sumar el Acuerdo de Escazú a su trabajo. Este taller también fue impartido a servidoras y servidores públicos del OGAIPO, este 24 de noviembre.
