Hace casi un mes, el estudiantado del nivel básico y obligatorio (preescolar, primaria, secundaria y educación media superior), después de un confinamiento ocasionado por el COVID-19, regresó de forma presencial a las aulas.
Fueron dos años que el estudiantado cursó clases en línea, lo que provocó que los discentes optaran por dejarse el cabello largo o se lo pintaran. Esta decisión, ocasionó que varias instituciones educativas no les permitieran el ingreso a las aulas vulnerando el derecho a la educación. Debido a lo anterior el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) recibió cientos de quejas por este motivo.
La Secretaría de Gobernación, a través de la CONAPRED, emitieron un boletín fechado el 19 de agosto de 2022, donde conminaron a las instituciones educativas de todos los niveles garantizar el derecho a la educación, respetar el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Esta no es la primera vez que una autoridad emite recomendaciones para garantizar: el derecho humano a la educación, el respeto al libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como el interés superior de la niñez; desde hace algunos años, a través del Amparo Indirecto 1947/2018, la justicia federal amparó a un menor en contra del capítulo 3, titulado De la disciplina, perteneciente al Reglamento Escolar 2014-2015 de esa institución educativa. Los argumentos del órgano jurisdiccional fueron los siguientes:
“[…] el Reglamento Escolar […] impone al alumnado masculino el corte de pelo natural oscuro, ya que violenta en perjuicio de la población varonil el ejercicio de sus derechos de acceso la educación y libre desarrollo de la personalidad […] Se determinó que llevar el cabello de cierta forma no aporta ni afecta el aprendizaje y convivencia escolar; por el contrario, dicha imposición limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores.”
A partir de este momento, ofrezco una disculpa por hablar en primera persona, pero al enterarme de estos antecedentes y criterios jurídicos, evoqué las reglas que se impusieron cuando cursé la educación básica. Como han cambiado los tiempos, cuando estudié la secundaria, quienes se atrevieron llevar el “corte de hongo”, el prefecto en la puerta de la institución educativa tenía unas tijeras para “mochar” un lado del cabello, por lo que al otro día el estudiante acudía rapado.
También recordé que una profesora, a quien por cierto, le debo las reglas de ortografía y acentuación, tenía una norma “no escrita”: quien mascará chicle en su hora clase, a la primera incidencia el estudiante se lo pegaría en la frente; si había reincidencia, la goma de mascar se pegaba en el cabello.
Con base en los derechos humanos y el interés superior de la niñez, hoy, esas “normas” o “reglas” están fuera de toda lógica. ¿Está de acuerdo con la recomendación del CONAPRED? ¿Considera qué el aprendizaje está relacionado con la presencia estética? Como en todo caso controvertido hay argumentos a favor y en contra.
Si se permite el comentario, la sociedad se encuentra ante cambios generacionales que impactan el criterio de las personas e instituciones. La mayoría de quienes fuimos educados durante la segunda mitad del siglo XX, no vemos con buenos ojos estas determinaciones; empero, no hay que olvidar que, durante nuestra juventud, adoptamos modas, nos inconformamos por reglas impuestas que provenían de los progenitores o de las instituciones. Afortunadamente, vivimos en un país libre donde poco a poco la presencia estética deja de ser un estigma; imagínense vivir en Corea del Norte, donde el dictador Kim Jong-un obligó a los varones a copiar su peinado o cortarse el cabello muy parecido al del líder norcoreano, en este país asiático, también está prohibido teñirse el cabello.
Los relevos generacionales ocasionan ese choque social que, en algunas ocasiones, el Estado o las instituciones intentan censurar modas o manifestaciones artísticas. Hoy por hoy, nadie se escandaliza por los movimientos de baile de Elvis Presley, por el corte de cabello de los Beatles; pero en la década de los sesenta, el Estado norteamericano intentó prohibir la transmisión de los conciertos del rey del rock, incluso intentaron llevarlo a la cárcel, porque sus movimientos atentaban contra la moral de la época.
En México, también la censura se ha presentado en la música y presencia estética, ya que en la década de los sesenta, el entonces Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, intentó prohibir el rock, la razón era que no quería que su hijo se contaminara con ese tipo de música y “ambiente”; pero no sólo fue este género musical, también se censuró la canción del compositor José Alfredo Jiménez: “Llegó borracho, el borracho”, debido a que el Estado consideró que era una mala influencia para la juventud.
Actualmente, la juventud escucha reggaetón, “género” musical que para quienes somos del siglo pasado lo consideramos ofensivo y soez; les recuerdo que si ustedes son de los años ochenta o noventa, seguramente, escucharon al padre del reggaetón, me refiero al “General” quien alcanzó la fama con su canción: “Te ves buena” o bailaron “Lambada” (el baile prohibido).
A miles de personas no les gusta el reggaetón, pero sería un equívoco, que soliciten que alguna autoridad estatal lo prohíba. En este punto, me llega a la memoria un fragmento de la canción interpretada por “La maldita vecindad” y “los hijos del quinto patio”, “Pachuco”: “No sé cómo te atreves a vestirte de esta forma, y salir así, en mis tiempos todo era elegante, sin greñudos y sin rock […] pa’ fuiste pachuco, también te regañaban […] pa’ bailabas mambo, tienes que recordarlo”.
Quien no simpatiza con estos cambios o criterios jurídicos, sociales, culturales, artísticos… también tiene el derecho y la libertad de inconformarse con respeto y dentro del marco de legalidad. En este punto, si usted desea que sus descendientes no sigan las “modas” del momento, tiene una labor de acompañamiento en casa para practicar valores que vayan de acuerdo con su estilo de vida.
Al final, usted, tiene la mejor opinión…
Eduardo Bizuet
- Ex Defensor de las Audiencias de la CORTV. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, maestrante en Ciencias de la Educación. Desde 2010, es docente en las áreas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.
