La semana pasada, el Presidente López Obrador, expresó lo siguiente: “también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”. Como era de esperarse los comentarios se desbordaron para criticar las declaraciones del Primer Mandatario.
¿Qué tan cierta es la expresión del Presidente de la República? Un país que se jacte de ser una democracia constitucional debe garantizar los derechos humanos para toda la población; entendiendo a la población como al conjunto de personas que se encuentren en territorio nacional; por lo tanto, en este concepto se encuentra la niñez, los adolescentes, las personas adultas, personas de la tercera edad, personas extranjeras.
Dentro de los fines del Estado se encuentran el bien común, la justicia, la seguridad jurídica. La población, a través del pacto federal llamado Constitución Política, cedió su soberanía a las autoridades estatales para que éstas le protejan de quienes violentan el Contrato Social.
Si bien es cierto que las personas que cometen delitos tienen derechos humanos; no se debe olvidar que toda la población también debe poseerlos. Desafortunadamente, al igual que en otros sexenios, parece que los derechos de las víctimas se diluyen en los ríos de la criminalidad. En este sentido, las expresiones vertidas por López Obrador, influyen en la población para que siga
desconfiando de las instituciones y de los derechos humanos.
Hoy por hoy, la gente expresa con desdén que los derechos humanos sólo sirven para “proteger” a quienes cometen delitos. Lo cual no debe ser cierto. Los derechos humanos son las facultades que poseen las personas en una sociedad y son un límite al ejercicio arbitrario de la autoridad.
Uno de los casos emblemáticos donde se antepusieron los derechos del imputado sobre los de las víctimas, fue el de Florence Cassez. No debe olvidarse que el máximo tribunal del país confirmó que existieron violaciones al procedimiento de la ciudadana francesa; por ello, se decidió su libertad. Empero, ¿Y los derechos humanos de las víctimas?
Desde el momento que la población no encuentra justicia en sus demandas se rompe que con el contrato social; en este sentido, México se ha convertido en una tierra donde se bloquean calles, se “toman” instalaciones públicas y privadas, se cometen actos atávicos como son los linchamientos, porque el Estado es rebasado por la corrupción y la delincuencia.
Toda esa maraña de prácticas de autotutela (hacer justicia por propia mano) atenta contra el Estado constitucional de derecho, precisamente, porque la población sigue y seguirá desconfiando de sus instituciones.
En México, constitucionalmente, ninguna persona puede ser sometida a una sanción no prevista en la ley. A las personas de a pie, les cuesta mucho trabajo comprender que hasta el peor de los delincuentes posee derechos humanos; desde luego, el Estado no puede violentar o pasar por alto, esto no significa que los derechos que poseen los delincuentes se encuentren por encima de los
derechos de las víctimas.
Una persona que comete delitos debe ser juzgada con todas las formalidades esenciales del procedimiento; es decir, presumir su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, derecho a una defensa legal, derecho a aportar pruebas y desvirtuar a la contraparte, derecho a no sufrir tortura, incomunicación; entre otros.
Garantizadas estas reglas, si se comprueba la culpabilidad, entonces se debe aplicar la ley, no hacerlo genera impunidad, un lastre que no se ha podido combatir en México.
Las declaraciones de López Obrador, comentada en párrafos anteriores, parecen más una excusa, porque no han disminuido los índices criminales. Hasta el momento, al igual que la estrategia calderonista, la táctica de “abrazos no balazos” ha dejado mucho que desear.
Al final, usted, tiene la mejor opinión…
Eduardo Bizuet
- Ex Defensor de las Audiencias de la CORTV. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, maestrante en Ciencias de la Educación. Desde 2010, es docente en las áreas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.
