OPINIÓN | Cuando se silencian voces, se queda afónica la democracia – Tribuna Pública

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Esta semana fue asesinado otro comunicador en México. En lo que va del 2022, han sido privados de la vida 12 periodistas, lo que ubica a la República Mexicana como uno de los países más peligroso para ejercer el periodismo.

Un país que se jacte de ser un Estado constitucional democrático debe garantizar los derechos humanos establecidos, tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Muchas personas se preguntarán ¿qué importancia tiene una muerte más? Diariamente, en México, son asesinadas cientos de personas; empero, independiente que se trata de una vida humana, se calla una voz para expresar ideas, para informar, para criticar…

En algunos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) ha equiparado la importancia del ejercicio periodístico con el trabajo realizado por defensores de derechos humanos.

La CrIDH ha determinado que la libertad de expresión posee dos dimensiones:

  • Dimensión individual. Consiste en el derecho que poseen las personas para expresar opiniones, ideas, pensamientos a través de cualquier medio, sea impreso, digital, etcétera.
  • Dimensión social. Consiste en el derecho que posee la colectividad para recibir información, opiniones, ideas, pensamientos.

Es insoslayable comentar que el Derecho a la Información es un derecho humano, porque se encuentra establecido en la parte dogmática (reservada para los derechos humanos) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. (Énfasis añadido).

El mismo derecho descrito en el acápite anterior, también se encuentra en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), de la cual México es parte.

En razón de lo anterior, el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la libertad de expresión (dimensión individual) y el Derecho a la Información (dimensión colectiva). No hacerlo implicaría autocensura de quienes informan, critican, señalan o expresan ideas, debido a que no tienen las condiciones de seguridad para ejercer estos derechos.

¿Qué implica para una democracia que periodistas sean asesinados? Muchos periodistas informan sobre temas de interés público, lo que implica mayor discusión y fortalecimiento del debate democrático; una sociedad que no se encuentra debidamente informada carecerá de elementos para tomar decisiones presentes y futuras.

Ante este panorama lúgubre, la CrDH y la Relatoría Especial, han emitido criterios para que en aquellos Estados donde peligra la vida quienes informan atiendan:

  • La obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas.
  • La obligación de instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación.
  • La obligación de respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
  • La obligación de sancionar la violencia contra periodistas.
  • La obligación de mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas.

Si atendemos al primer punto, la autoridad estatal debe ser respetuosa de quienes ejercen el periodismo, en caso contrario, los líderes políticos al denostar a la prensa, en la mayoría de los casos, sus seguidores pueden atentar en contra de quien critica a una administración en turno.

Una de las formas más sólidas de minar la crítica periodística, consiste en que el gobierno resuelva contundentemente los problemas que aquejan a la sociedad.

Al final, usted, tiene la mejor opinión…

Eduardo Bizuet

  • Ex Defensor de las Audiencias de la CORTV. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, maestrante en Ciencias de la Educación. Desde 2010, es docente en las áreas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.

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