Ahora que ya tengo su atención, estimado lector o lectora del portal de noticias Epicentro Noticias Oaxaca, le tengo que aclarar que no formo parte de los “terraplanistas” o de grupos “conspiranoicos”, el título de esta columna lo titulé de esa forma para comentar la importancia de la información veraz y oportuna.
Supongamos que, en verdad si formo parte de esos grupos, ¿Me creería? Estoy seguro de que no.
Ahora, imagine que soy un servidor público, electo popularmente, usted desea saber en qué se está gastando el dinero de los impuestos, pero no sólo ese dato, también indaga sobre cuánto se está “invirtiendo” para determinada obra pública.
En la hipótesis planteada en el párrafo anterior puede haber tres posibilidades:
- 1) Como servidor público consciente que ese dinero proviene de los impuestos, divulgó la información a través de medios electrónicos o cualquier otro que sea idónea, sin necesidad de qué usted solicite información; es decir, soy una persona comprometida con la transparencia gubernamental. Esta conducta es muy rara, pero existen sus excepciones.
- 2) Niego o bloqueo la información porque mi interrogante sería: ¿para que requiere estos datos públicos?, entonces como persona que goza de derechos humanos, recurre a la Instituciona Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que sea este órgano constitucional autónomo, quien le requiera la información al ente de gobierno (sujeto obligado).
- 3) Por lo regular en un gobierno que le incomoda la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, evito diseñar órganos o instituciones públicas que garanticen el derecho de acceso a la información pública o, en su caso, intento a través de iniciativas de reforma constitucional desaparecer órganos garantes, como es el caso del INAI; pero no se preocupe, porque le instruyo al titular de una Secretaría de Estado (puede ser la Secretaria de Gobernación, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de la Función Pública) que le informe sobre el destino de los recursos públicos.
Recibida la información proveniente del titular de la Secretaría de Estado que, por cierto, yo designo durante mi administración, en este sentido, soy el jefe inmediato de la o el secretario ¿Usted me creería? En esta situación existen opiniones divididas, porque como suele suceder en los gobiernos (sin importar el color o ideología partidista) tienden a manipular cifras o informar a su manera lo que vive la sociedad día a día. He escuchado voces que expresan que creen todo lo que les dice el gobierno, mientras que otras personas son más incrédulas y dudan de lo que se les informa.
Así las cosas; por ejemplo, desde 2006, los gobiernos en turno intentaron disminuir las cifras relacionadas con las muertes violentas u otros delitos de alto impacto, índices de pobreza, compre de medicamentos, etcétera.
Además, el INAI se encuentra facultado para proteger los datos personales que obtienen los órganos públicos o particulares. ¿Se encuentra justificado que, en aras de desvirtuar lo que informan quienes ejercen el periodismo, se divulguen sus datos personales como: dirección, números telefónicos, correos electrónicos, cuentas bancarias?
A simple vista, en México, país más peligroso para ejerce el periodismo en América, se puede colocar en un estado de alerta o peligro a quienes se dedican a cuestionar el poder político. En este tenor, ¿en dónde queda la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados?
En ninguna circunstancia se debe invadir la privacidad de las personas, sean allegadas al régimen político que gobierna, se dediquen al periodismo o a cualquier otra actividad.
No de ahora, sino de siempre, México, ha transitado por momentos donde pareciera que se carece de un Estado Constitucional de Derecho, porque se diluye el respeto a la Constitución, se transgreden las leyes sin el menor empacho, se violan constantemente derechos humanos; sin olvidar que las instituciones se olvidan cuál es su papel en todo pacto social.
Mientras que otros países tienen presente que viven en un Estado Constitucional de Derecho, porque sus instituciones son fuertes, pero sobre todo quien es titular del gobierno (sea presidente de la república o primer ministro) envía mensajes contundentes que ni él se encuentra por encima de la ley (casos como Donald Trump o Boris Johnson) y, si lo hace estará sujeto a responsabilidades posteriores. Ahí tienen a los Estados Unidos, cuyo ex presidente está sujeto a procesos judiciales por, supuestamente, intentar revertir los resultados electorales.
En otros países, querer revertir los resultados electorales, es tan común como cualquier atardecer de domingo.
Como siempre, al final, usted tiene la mejor opinión…
Eduardo Bizuet
- Ex Defensor de las Audiencias de la CORTV. Licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo, maestrante en Ciencias de la Educación. Desde 2010, es docente en las áreas de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.